Autoridades mexicanas confirmaron la solicitud de detención contra Rubén Rocha Moya, mientras que Estados Unidos lo acusa de presunta colaboración con el Cártel de Sinaloa.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que recibió solicitudes de detención provisional con fines de extradición en contra del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como de otras nueve personas, las cuales serán turnadas a la Fiscalía General de la República (FGR) para su análisis.
De acuerdo con la dependencia, los documentos recibidos no incluyen pruebas anexas, por lo que corresponderá a las autoridades mexicanas determinar la viabilidad legal del proceso.
En paralelo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) presentó cargos contra Rocha Moya y otros funcionarios y exfuncionarios por su presunta vinculación con el Cártel de Sinaloa.
Según el comunicado oficial, los acusados habrían conspirado con líderes de esta organización criminal para facilitar el tráfico de grandes cantidades de narcóticos hacia Estados Unidos, a cambio de apoyo político y sobornos.
La acusación también señala que integrantes del grupo conocido como Los Chapitos, hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, habrían influido en el proceso electoral mediante intimidación a rivales políticos, y que posteriormente existieron reuniones con el gobernador para brindar protección a sus operaciones.
El caso fue anunciado por el fiscal federal Jay Clayton y el titular de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Terrance C. Cole, y quedó asignado a la jueza Katherine Polk Failla en Nueva York.
Entre los otros señalados se encuentran funcionarios y exfuncionarios del estado de Sinaloa, incluyendo al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil; el senador Enrique Inzunza Cazárez; y el exsecretario Enrique Díaz Vega, entre otros mandos de seguridad.
De acuerdo con la acusación, todos los implicados —excepto uno— enfrentan penas que van de 40 años a cadena perpetua en caso de ser encontrados culpables.
Este caso se enmarca en los mecanismos de cooperación internacional en materia de justicia y se suma a otras investigaciones abiertas en Estados Unidos contra presuntos integrantes y colaboradores del Cártel de Sinaloa.
